Yingluck Shinawatra agradece tras resultar elegida por el Parlamento como nueva jefa del Gobierno de Tailandia.

La primera mujer al frente del Gobierno tailandés ha sido investida en Bangkok. La nueva primera ministra, Yingluck Shinawatra, asume el mando de un país con divisiones políticas y acechado por los militares. La hermana menor del gobernante depuesto hace cinco años por el Ejército, Thaksin Shinawatra, había ganado las elecciones celebradas el pasado 3 de julio al frente del partido Puea Thai (De los Tailandeses) con más de la mitad de los votos de la Cámara Baja. Yingluck, de 44 años, era la única candidata propuesta por los partidos representados en el parlamento y hasta hace unos meses una desconocida para la mayoría de los tailandeses.

Yingluck Shinawatra se ha formado en el mundo empresarial y apenas cuenta con experiencia política, terreno en el que no lleva más de cuatro meses. La mandataria tailandesa ha contado con el apoyo de su hermano, de quien recuperó un estilo populista, para impulsar su carrera política y reemplazar al exministro Abhisit Vejjajiva, líder del Partido Demócrata. Su elección supone, además, un triunfo para los “camisas rojas”, un movimiento rural del norte de Tailandia afín al partido de la primera ministra.

La familia Shinawatra, de origen chino, es una de las más influyentes de la provincia de Chiang Mai (al norte de Tailandia). Yingluck, madre de un hijo y licenciada en Ciencias Políticas en Tailandia, ha cursado un máster de administración pública en la universidad estadounidense de Kentucky. En 1990 volvió a su país de origen para trabajar en las empresas del imperio familiar. Ha sido presidenta del grupo de telecomunicaciones Shin Corp., fundado por su hermano Thaksin, y que hace cinco años fue acusado por evasión de impuestos.

Los retos de Yingluck Shinawatra

La exempresaria debe demostrar ahora sus capacidades como primera ministra. “Nuestra máxima prioridad será resolver los problemas que causa la subida del coste de vida en los tailandeses pobres”, ha asegurado la nueva mandataria. Durante su campaña, Yingluck Shinawatra había prometido una subida del salario mínimo, pagar un precio por las cosechas de arroz superior al internacional y gastar millones en nuevas infraestructuras. Los empresarios tailandeses, sin embargo, temen que estas medidas lleven a muchos negocios a la bancarrota y aumente la inflación, que actualmente se sitúa en un 4%.

El mayor reto al que se enfrentará Yingluck, sin embargo, será político. Tailandia vive una profunda crisis política, que arrancó con el golpe de Estado de los militares en 2006 contra su hermano. La sombra del Ejército es clave en el Gobierno tailandés. En las últimas ocho décadas, los militares han asestado 18 golpes de Estado, casi tantos como constituciones ha tenido el país durante ese tiempo.

El último en ser depuesto por los generales ha sido su hermano Thaksin, un excoronel de la policía y dueño de una de las mayores fortunas de Tailandia. Thaksin Shinwatra, 18 años mayor que su hermana, reside desde 2008 en Dubái, para eludir la pena de dos años de prisión que le impuso un tribunal tailandés por un delito de corrupción. Considerada por sus opositores como mera portavoz de su hermano millonario, la primera ministra ha negado reiteradamente que Thaksin haya participado en la formación del nuevo Gobierno desde el exilio. “Trabajo de forma independiente. Soy yo misma”, ha destacado Yingluck.

Pero Yingluck no ha escondido nunca la influencia de su hermano. “He aprendido de él y comprendo su visión, con la que resuelve los problemas y la manera de la que ha construido todo”, apuntó. Durante la campaña, la nueva primera ministra ha explotado sin complejos su parentesco con un hombre muy popular entre las masas rurales y urbanas más humildes. “No sé cuánto queréis a Thaksin. ¿Pero podéis compartir un poco de este amor conmigo, su hermana pequeña?, había exclamado en sus mítines electorales. Y no le han faltado apoyos.

La agrupación política encabezada por el clan Shinawatra, que obtuvo 265 en los comicios del pasado 3 de julio, ha formado una coalición de Gobierno con otros cinco partidos menores, que en conjunto controlan 300 asientos del total de 500 que componen el Parlamento de Bangkok.

Entre los diputados del partido de la primera ministra figuran dirigentes de los “camisas rojas”, protagonistas de las protestas callejeras que tuvieron lugar en el centro Bangkok entre abril y mayo del año pasado y fueron duramente reprimidos por los soldados. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes se cobraron la vida de 92 personas y unos 1.800 resultaron heridos. Debido a su apoyo a los 100.000 “camisas rojas” que exigían la dimisión de Vejjajiva, Thaksin Shinawatra ha sido acusado de terrorismo.

Un año después, Yingluck afronta la complicada tarea de tratar de reconciliar las masas desfavorecidas y las élites de Bangkok. “El primer problema urgente es alcanzar la reconciliación”, dijo la primera ministra tras ganar las elecciones.

EFE/Elpais.com

La ONG italiana “Que nadie toque a Caín” presentó este jueves en Roma su informe anual sobre la pena de muerte, en el que desveló que “la aplicación de la pena capital en el mundo disminuyó en 2010 y en los primeros seis meses de 2011, y mantiene la tendencia a la baja que se registra desde hace diez años”.

A pesar de esta tendencia a la baja, por lo menos 5.837 personas fueron ejecutadas en 22 países, la mayoría de ellos asiáticos, aunque también figura en quinto lugar Estados Unidos con 46 ejecuciones, después de Yemen con “por lo menos 53″.

“Muchos países no ofrecen estadísticas oficiales sobre la aplicación de la pena de muerte, por lo que el número de las ejecuciones podría ser mucho más alto”, afirma el documento presentado ante la vicepresidenta del Senado, Emma Bonino.

China se mantiene, con datos similares a los de 2009, como el país donde más penas de muerte se aplican en el mundo, cerca de 5.000, lo que constituye el 85,6 % del total mundial.

Le siguen Irán, único país donde se registró un aumento de las ejecuciones respecto a 2009 (546 en 2010 frente a las cerca de 402 del año anterior), y Corea del Norte con 60 aplicaciones de la pena de muerte.

En el país islámico, según denuncia la ONG Iran Human Rights, citada por el documento, se ejecutaron a 390 personas hasta el día 7 de julio de este año, un dato tres veces superior a 2010.

Según el informe, los países que han decidido abolir la pena de muerte por ley o en la práctica son 155, de los cuales 97 son totalmente abolicionistas, 8 han suprimido los delitos de muerte para los crímenes ordinarios y 6 han aplicado una moratoria sobre las ejecuciones.

Los abolicionistas de facto, los que llevan más de diez años sin realizar ni una sola ejecución, ascienden ya a 44, como recoge la ONG.

Por otra parte, 42 estados mantienen la pena máxima como castigo penal.

El informe asegura que ocho países reanudaron, entre 2010 y 2011, la aplicación de las condenas a muerte: Somalia (8), la Autoridad Nacional Palestina (ANP) (5), Guinea Ecuatorial y Taiwán (4 respectivamente), Bielorrusia y Afganistán (2 respectivamente), Emiratos Árabes Unidos y Bahrein (1 cada uno).

“Que nadie toque a Caín” toca la cuestión de los “costes de la pena de muerte” un debate abierto en Estados Unidos, donde se calcula que el coste de una ejecución oscila entre uno a tres millones de dólares.

Asimismo, sostiene el informe, que, de los 42 países mantenedores de la pena de muerte, 35 “son autoritarios o anti-liberales”.

“La solución definitiva del problema” -se lee en el informe- “más que en la lucha contra la pena de muerte, debe centrarse en la lucha por la democracia, en la afirmación del estado de derecho, la promoción y el respeto de los derechos políticos y de las libertades civiles”.

No obstante, cuatro democracias liberales también aplicaron la pena capital: Estados Unidos (46), Taiwán (4), Japón (2) y Botsuana (1).

En Estados Unidos, en 2010, se ejecutaron a 46 personas en 12 estados, seis menos que en 2009, y en estos seis meses de 2011, 25 en 9 estados.

Bahamas, Gabón, Guinea y Mongolia aplicaron moratorias o se sumaron a la lista de países para suprimir definitivamente la pena de muerte.

Además, en el informe se constata que, entre 2010 y el primer semestre de 2011, no se produjeron ejecuciones en Omán, Singapur y Tailandia, países que figuraban en las listas del año 2009.

El informe recogió 714 ejecuciones en trece países de mayoría musulmana (tres más que en 2009), lo que supone un aumento sustancial respecto a los 658 casos del año anterior, debido, generalmente, a la interpretación rigurosa que en muchos de ellos se hace de la “sharia” o ley islámica.

El estudio subraya que “Europa sería un continente totalmente libre de la pena de muerte de no ser por Bielorrusia, país que no ha parado de condenar y ajusticiar a sus ciudadanos desde el fin de la URSS y que en 2010 mató a dos acusados por homicidio y a otros tantos en 2011″.

Frank Martínez y el presidente del Senado de Haiti Dr. Kelly Bastien

El diputado Frank Martínez visito este sábado al presidente del Senado de Haití, Dr. Kelly Bastien, quien se encuentra recluido en el Hospital  Metropolitano de Santiago –HOMS-, tras resultar herido en el terremoto que devastó el pasado martes la vecina nación.

El presidente del Senado agradeció la visita del legislador por la muestra de solidaridad expresada con Haití en una situación tan difícil como la actual. El Dr. Frank Martínez le transmitió el sentimiento y la buena voluntad del pueblo dominicano y en especial de los residentes de la provincia La Romana.

El Dr. Bastien reafirmo su convicción de que el futuro de Haití dependerá en gran parte de la colaboración internacional y la comprensión de sus nacionales. “He visto como nuestra gente recibe el respaldo de los dominicanos” afirmo el legislador Bastien.

El Dr. Martínez le expreso que espera de su pronta recuperación y que continúe prestando su hoja de servicio para el engrandecimiento de la República de Haití.

Los equipos de rescate asignados a la búsqueda de víctimas luego del derrumbe de una escuela en Haití dijeron el lunes que ya no esperan encontrar sobrevivientes en la zona, mientras se volvía más penetrante el hedor de la muerte entre los escombros.

Bomberos franceses y haitianos utilizaban sondas de ultrasonido, cámaras y sabuesos en busca de víctimas entre los restos del edificio, tres días después de que la estructura de concreto se desplomó causando la muerte de al menos 94 estudiantes e hiriendo gravemente a 150 más.

Varios cadáveres fueron sacados ayer, cubiertos de polvo, mientras que los radares y las cámaras detectaron otros.

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No hay evidencias de sobrevivientes desde que cuatro niños fueron sacados el sábado por la mañana, dijo Daniel Vigee, jefe de un equipo de rescate francés con sede en Martinica.

Los rescatistas intentaban en las zonas donde los vecinos dijeron escuchar voces o habían recibido llamadas telefónicas de los supervivientes atrapados, pero sin tener éxito.

La cifra de muertos tras el colapso de un colegio religioso en Haití
Funcionarios dijeron que 700 niños estaban inscritos en la escuela La Promesse, de tres pisos, pero que no se sabe cuántos estaban en el edificio cuando este colapsó el viernes durante una sesión de clases.

El desastre golpea al país más pobre de América, que aún lucha por recuperarse del paso de cuatro tormentas tropicales y huracanes que dejaron más de 800 personas muertas y destruyeron el 60 por ciento de las cosechas entre agosto y septiembre.

La escuela albergaba alumnos de 3 a 20 años de edad, y estaba dirigida por un sacerdote. El edificio era de dos pisos, con un tercero en construcción.

Fuente: Infobae

Manuel Zelaya, depuesto presidente de Honduras

TEGUCIGALPA (EFE).- El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelayam, dijo hoy en una carta al gobernante estadounidense, Barack Obama, que ya no acepta “ningún acuerdo” para su restitución en el poder, del que fue derrocado por los militares hondureños el 28 de junio pasado.

“A partir de esta fecha, cualquiera que fuera el caso, yo no acepto ningún acuerdo de retorno a la presidencia”, expresó Zelaya en la misiva a Obama, distribuida a la prensa por sus colaboradores.

Aceptar ese acuerdo, sería “encubrir el golpe de Estado, que sabemos que tiene un impacto directo por la represión militar sobre los derechos humanos de los habitantes de nuestro país”, agregó.

Zelaya reiteró a Obama que “el Acuerdo Tegucigalpa-San José queda sin valor ni efecto por incumplimiento unilateral del Gobierno de facto” que preside Roberto Micheletti, designado por el Parlamento hondureño el 28 de junio tras el golpe de Estado.

El pacto fue firmado el 29 de octubre pasado por comisiones de diálogo de Micheletti y Zelaya, y entre otros puntos estableció que el Congreso Nacional debe decidir sobre la restitución o no del depuesto gobernante, además de la integración de un Gobierno de unidad y reconciliación nacional.

El Parlamento ha anunciado que debatirá el caso de Zelaya una vez que reciba las opiniones que solicitó a la Corte Suprema de Justicia y otros órganos del Estado hondureño.

Zelaya también reiteró sus cuestionamientos al cambio de actitud, según él, que Estados Unidos ha manifestado tras la firma del acuerdo, en el sentido de respaldar las elecciones que se celebrarán en Honduras el próximo día 29 aunque había advertido de que no las reconocería.

“El propio día en que se instalaba en Tegucigalpa la Comisión de Verificación del acuerdo sorprendieron las declaraciones de funcionarios del Departamento de Estado donde modifican su posición e interpretan el acuerdo unilateralmente con las declaraciones siguientes: ‘las elecciones serían reconocidas por Estados Unidos con o sin restitución’” de Zelaya, agregó éste en su carta.

“El régimen de facto celebró este cambio y utilizaron estas declaraciones para sus objetivos, e inmediatamente terminaron por incumplir y violar el acuerdo”, agregó.

El depuesto mandatario hondureño enfatizó que “la nueva posición de los funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos esquiva el objetivo inicial del diálogo de San José, relegando un acuerdo con el Gobierno legítimamente reconocido hacia un segundo plano, y tratando de trasladar este acuerdo hacia un nuevo proceso electoral sin importar las condiciones en que se desarrolle”.

“Este proceso electoral es ilegal porque oculta el golpe de Estado militar, y el Estado de facto en que vive Honduras no brinda garantías de igualdad y libertad en la participación ciudadana, a todos los hondureños, es una maniobra electoral antidemocrática repudiada por grandes sectores del pueblo para encubrir los autores materiales e intelectuales del Golpe de Estado”, apuntó Zelaya.

El acuerdo del 29 de octubre “fue concebido para implementarse en forma integral y simultánea, pues no se contemplaron como doce acuerdos separados; fue un solo acuerdo con doce puntos, el cual tenía un solo propósito, restaurar el orden democrático y la paz social, y con esto se revirtiera el golpe de Estado, lo que implica el seguro retorno del presidente de República elegido legítimamente por voto popular”, señaló.

“Y con esto”, añadió, “propiciar un clima de reconciliación nacional y un siguiente proceso electoral constitucional, limpio, con garantías de participación igualitaria y libre para todos los ciudadanos de Honduras”.

El presidente depuesto permanece desde el 21 de septiembre pasado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa después de volver clandestinamente a Honduras. EFE

Anulan la condena a un dominicano que pasó 18 años preso por un crimen que no cometió

Nueva York, EFE.- Un dominicano que cumplió 18 años de prisión por un crimen que no cometió podría quedar pronto en libertad luego de que un juez de la Corte Suprema de Manhattan anulara hoy la sentencia en su contra.

Fernando Bermúdez fue condenado a cumplir entre 23 años y cadena perpetua por el asesinato a tiros de Raymond Blount, de 16 años, a pesar de que cuatro de sus amigos declararon durante el juicio que éste se encontraba con ellos al momento del incidente, señalan medios locales.

Blount fue asesinado en 1991 al salir de un club en Manhattan, donde había tenido una discusión con otro joven.

El dominicano fue condenado luego de ser identificado en una fotografía por unos adolescentes bajo custodia policial, que, 18 años más tarde, se han retractado y confesaron que otra persona cometió el asesinato, indican además los informes de prensa.

Tras escuchar hoy en la corte las palabras del juez John Cataldo de que había probado su inocencia, Bermúdez, de 40 años, se abrazó llorando a su esposa y otros familiares que acudieron a la audiencia.

“Esta corte desea expresar su profundo pesar por los pasados 18 años. Espero que tenga un futuro mejor”, señaló el juez, que, contrario a lo que esperaba la Fiscalía, no ordenó un nuevo juicio.

La Fiscalía adelantó que apelará la decisión.

Cristal, esposa de Bermúdez, dijo hoy a Univisión, que fueron largos años de agonía y que siempre pensó que la justicia trabajaba a favor de los inocentes, pero que en su caso, destruyó su familia.

Bermúdez, que fue traído a EEUU cuando era pequeño, y Cristal son padres de tres hijos de 18, 8 y tres años.

Sin embargo, no ha salido en libertad ya que aún tiene pendiente una condena de 27 meses en la jurisdicción federal por un caso de drogas pero su familia espera que sea anulada por los 18 años que cumplió a pesar de que era inocente.

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.- EFE

Brasil, EFE.- Ante el alto voltaje que ha alcanzado en las últimas semanas el enfrentamiento entre Venezuela y Colombia, Brasil está decidido a asumir una vez más su papel de líder regional. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende mediar entre el mandatario colombiano, Álvaro Uribe, y el venezolano, Hugo Chávez, enfrentados a cara de perro, en una nueva tentativa de normalizar las relaciones entre los dos países.

El escenario será la próxima Cumbre de Países Amazónicos, que se celebrará en Manaos días antes de la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que arranca el próximo 7 de diciembre en Copenhague. Brasilia aún no ha puesto ninguna propuesta formal sobre la mesa, aunque sí ha confirmado que ya se están produciendo los primeros tanteos para concretar un encuentro bilateral entre el líder bolivariano y su homólogo colombiano bajo sus auspicios.

La cita de Manaos, en la que se reunirán los líderes de los países amazónicos (Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guayana y Surinam) estaba inicialmente prevista para el 26 de noviembre pero se ha pospuesto. Por el momento no hay una fecha concreta, si bien deberá producirse antes del 7 de diciembre ya que el encuentro tiene el objetivo de establecer una posición común de los países amazónicos ante la Cumbre de Copenhague. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, también ha confirmado su presencia en el cónclave de la capital amazónica ya que el departamento de ultramar galo de la Guayana Francesa abarca dentro de sus fronteras una pequeña parte de la Amazonia.

Vigilancia de la frontera

“Sería una buena ocasión para que los dos presidentes [de Venezuela y Colombia] hablasen. Si está en nuestra mano la posibilidad de sentarlos frente a frente, vamos a hacerlo, porque ya lo hicimos en otras ocasiones. Hubo otros momentos de conflicto entre Colombia y Venezuela en los cuales Brasil intervino a petición de las partes. Siempre lo hemos hecho a petición de las partes y con resultados positivos”, confirmó este jueves en Río de Janeiro el asesor de Asuntos Internacionales de Lula, Marco Aurelio García, ante un grupo de corresponsales.

Según Brasil, el origen de los últimos enfrentamientos entre Chávez y Uribe, en los que el venezolano llegó a hacer un llamamiento a sus militares para que se preparasen “para la guerra”, está en la situación que se vive en determinadas zonas fronterizas entre ambos países. “¿Por qué no crear una comisión de monitoreo de la frontera? Brasil estaría dispuesto a ayudar si fuera necesario y si fuese convocado. Creemos que esta iniciativa, a medida que vaya avanzando, podría ser un primer paso para un eventual pacto de no agresión entre los dos países”, explicó García.

El asesor de política exterior de Lula ya avanzó esta posibilidad en una reciente entrevista a EFE: “Para el monitoreo conjunto ayudaríamos con medios técnicos, como aviones de vigilancia”, especificó entonces García.

Según el brasileño, la misma experiencia ya se puso en práctica con éxito en el último conflicto diplomático entre Colombia y Ecuador. “En el pasado reciente, la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia también era una zona complicada, y en esta región los militares consiguieron establecer un acuerdo para intercambiar información. Brasil entonces propuso a los dos países ayuda para monitorear la región”, recordó.

Altas fuentes diplomáticas brasileñas no consideran deseable que en una mediación de este tipo intervengan países no suramericanos, como España, posibilidad apuntada, sin embargo, desde algunos sectores colombianos. “Creemos que los asuntos de seguridad y defensa deben ser resueltos en el ámbito regional”, aclararon.

En este conflicto que parece no tener fin, Lula podría ser un mediador válido, porque mantiene excelentes relaciones con Chávez y, al mismo tiempo, una interlocución franca y directa con Uribe, al que ya le ha dejado claro su malestar por el acuerdo que permite al Ejército estadounidense el uso de bases colombianas, sin garantías formales de que nunca serán usadas como trampolín para eventuales incursiones de EE UU en la región.